El trazo de la legalidad y la estructura de las organizaciones de la sociedad civil son elementos que dan forma a nuestra realidad social. Los mecanismos a través de los cuales estas entidades operan y, eventualmente, se disuelven, son cruciales para entender sus contribuciones y limitaciones. En un intento por desenredar este complejo entramado, me propongo analizar la normativa y el proceso de disolución de las fundaciones no lucrativas en Guatemala.
El ineludible final de las fundaciones no lucrativas
Las fundaciones no lucrativas desempeñan un papel fundamental en la sociedad guatemalteca, proporcionando servicios y apoyo en áreas que a menudo son ignoradas o insuficientemente atendidas por el sector público. Sin embargo, incluso estas entidades, cuya existencia se basa en la contribución al bienestar social, no son inmunes a la disolución.
Según la normativa guatemalteca, la disolución de una fundación no lucrativa puede ser voluntaria, por expiración del plazo para el cual fue constituida, o forzosa, debido a la imposibilidad de cumplir con su objeto, la ilicitud del mismo o por causas establecidas en la ley.
La disolución es un proceso que implica una serie de pasos, y que va más allá de simplemente cesar las operaciones. Requiere de una adecuada distribución de los activos restantes, la satisfacción de las obligaciones pendientes y la cancelación de la personalidad jurídica de la entidad.
La importancia de la transparencia en la disolución
El proceso de disolución de una fundación no lucrativa en Guatemala debe estar impregnado de transparencia. Esta es una condición esencial para salvaguardar la confianza del público en estas organizaciones y asegurar que sus recursos son utilizados de manera adecuada, incluso en su final.
La normativa establece que la disolución debe ser inscrita en el Registro de Personas Jurídicas correspondiente y publicada en el Diario Oficial. Esto permite que cualquier interesado pueda tener conocimiento de la situación y tomar las acciones que considere pertinentes.
Además, la transparencia en el proceso de disolución permite verificar que los activos de la fundación son distribuidos de acuerdo a lo establecido en sus estatutos, o en su defecto, a lo que determine el juez competente. De esta manera, se evita que los recursos de la entidad sean malversados o desviados de su propósito original.
El final de una fundación no lucrativa no tiene que ser necesariamente un acontecimiento negativo. Si se maneja de manera adecuada y transparente, puede ser una oportunidad para redirigir recursos hacia otras áreas de necesidad, y para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo estas pueden ser aplicadas en el futuro.
Esperemos que en Guatemala, la normativa y el proceso de disolución de fundaciones no lucrativas continúe evolucionando para garantizar la transparencia, el buen uso de los recursos y el respeto a los derechos de todas las partes involucradas.
